A FAVOR o EN CONTRA
Por Chris Finnie, antiguo colaborador de la revista Crime, Justice and America. Publicado originalmente en 2002 y reproducido con permiso de la revista Crime, Justice and America.
En julio de este año, dos reclusos de California presentaron una demanda ante el Noveno Circuito de Apelaciones alegando que la junta de libertad condicional les discriminaba por ser drogodependientes. Sin embargo, según su argumento, esto es ilegal porque son discapacitados debido a esta adicción. Por lo tanto, esta discriminación viola sus derechos en virtud de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
El tribunal de distrito desestimó la demanda alegando que la ADA no se aplica al "proceso sustantivo de toma de decisiones de los procedimientos de libertad condicional". Sin embargo, la demanda sobrevivió en el tribunal de circuito, que revocó la sentencia del tribunal de distrito y devolvió la demanda para que se siguiera tramitando.
Mirando la sentencia, se puede ver por qué el tribunal lo quería en otro sitio. Básicamente dieron la razón a ambas partes. Por un lado, el tribunal estuvo de acuerdo en que la drogadicción puede considerarse una discapacidad. Por otro, que un historial de adicción puede ser considerado por una junta de libertad condicional si la junta realiza "una evaluación individualizada de la amenaza que [los reclusos adictos] suponen para la comunidad." También parece que el tribunal sólo considera discriminatoria la denegación de la libertad condicional si los reclusos pueden demostrar que la junta estaba "excluyendo categóricamente de la consideración para la libertad condicional a todas las personas con antecedentes de abuso de sustancias."
He aquí las dos caras de la sentencia del tribunal.
PRO:
Charles W. Thompson y Stephen son presos estatales que cumplen condenas de quince años a cadena perpetua por asesinato en segundo grado. Ambos tienen un historial de adicción a las drogas y afirman que esto limitó sustancialmente su juicio, así como su capacidad para aprender, comprender los efectos a largo plazo de sus actos y mantener relaciones sociales y un empleo estables. Ambos han recibido tratamiento por abuso de sustancias durante su estancia en prisión, y llevan sin consumir drogas desde 1990 y 1984, respectivamente.
Ambos podían optar a la libertad condicional en 1993 y alegan que se les denegó debido a sus antecedentes de drogadicción. Afirman que la Junta de Condiciones Penitenciarias sigue una política no escrita de denegar automáticamente la libertad condicional a los presos con antecedentes de abuso de sustancias. Los dos presos presentaron su caso ellos mismos y desde entonces ha ido y venido de un tribunal a otro.
El Tribunal del Noveno Circuito dictaminó que los demandantes debían alegar cuatro elementos para poder acogerse a la ADA:
- Que tienen una discapacidad
- Que reúnen las condiciones necesarias para participar o beneficiarse de los servicios, programas o actividades de una entidad pública.
- Que se les excluyó de la participación en estos servicios, programas o actividades o se les negaron los beneficios de los mismos.
- Que dicha exclusión, denegación de prestaciones o discriminación se produjo por razón de la discapacidad del demandante.
A su favor, el Tribunal del Noveno Circuito señaló que "la adicción a las drogas que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida es una discapacidad reconocida por la ADA". El tribunal matizó aún más la categoría diciendo: "Aunque el término 'individuo cualificado con una discapacidad' no incluye a un individuo que esté actualmente involucrado en el uso ilegal de drogas, la ADA sí protege a los individuos que han completado con éxito o están participando en un programa supervisado de rehabilitación de drogas y ya no están usando drogas ilegales." El tribunal también dictaminó que las audiencias de libertad condicional son programas o actividades públicas según la definición de la ADA y cita una sentencia del Tribunal Supremo según la cual la ADA se aplica a las prisiones en el caso de 1998 del Departamento Correccional de Pensilvania contra Yeskey. Sin embargo, los puntos tres y cuatro son más problemáticos.
CON:
Los demandados -entre los que se encontraban el Gobernador, el Secretario del Organismo Correccional y de la Juventud, el Director del Departamento Correccional, el Comisario de la Junta de Términos Penitenciarios y el Presidente de la Junta de Términos Penitenciarios- alegaron que su decisión no se basaba en un historial de drogadicción. Pero el tribunal dictaminó que, aunque los documentos escritos de la Junta de Términos Penitenciarios no revelan ninguna consideración sobre la drogadicción, esto no prueba que no actuaran con arreglo a una política no escrita.
El tribunal, sin embargo, lo vio desde otro punto de vista. Señalaron que las decisiones de libertad condicional ya están limitadas por garantías federales contra la discriminación como las que se aplican a la raza. No obstante, el tribunal admitió que, si bien la raza no puede tenerse en cuenta a la hora de determinar si un preso en libertad condicional puede ser peligroso o no, el Título II de la ADA no "prohíbe categóricamente que una junta estatal de libertad condicional realice una evaluación individualizada de la peligrosidad futura de un preso teniendo en cuenta su discapacidad". Además, escribieron: "La discapacidad de una persona que la lleva a una propensión a cometer delitos puede ser ciertamente relevante para evaluar si ese individuo está cualificado para la libertad condicional". Además, la junta de libertad condicional
puede demostrar que intereses penológicos legítimos justifican que se tenga en cuenta la condición de discapacitado de un recluso más allá de lo que sería apropiado en otros contextos".
Debido a esto, el tribunal declaró que la junta de libertad condicional "innegablemente tiene intereses penológicos legítimos en considerar los antecedentes de abuso de sustancias de los demandantes durante la investigación individualizada para la idoneidad de la libertad condicional."
Así pues, aunque el tribunal está de acuerdo en que los "programas o actividades" de las prisiones incluyen aspectos como la libertad condicional y las audiencias disciplinarias -lo que las sitúa dentro del significado de la ADA-, su única objeción a denegar la libertad condicional sobre la base de la drogadicción parece ser si se aplica como norma general. En concreto, el tribunal dijo que "una norma amplia que excluya categóricamente las decisiones de libertad condicional del ámbito del Título II no es la ley".
Así que, aunque revocaron la sentencia del tribunal de distrito, "declinan expresar una opinión sobre el fondo de las reclamaciones de los demandantes sin un mayor desarrollo del expediente". En otras palabras, lo han devuelto a otro tribunal y tendremos que esperar a ver cómo acaba todo.
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